Actores

Contemplar un abanico más amplio de razones para la violencia política también supone expandir las definiciones de lo que abarca. No ha habido una falta de violencia que es política—Acteal, Aguas Blancas, Atenco—por ir en orden alfabético, pero estos eventos de represión de alto perfil no proveen necesariamente los cimientos para explicar fenómenos más comunes. Un marco que también considere la violencia contra actores de la sociedad civil quienes no forman parte del sistema político formal genera lecciones importantes. En muchas comunidades los límites entre el periodismo, el activismo y la política son porosos y en la última década estos asesinatos han servido como barómetro de tendencias actuales.

México es, visto desde cualquier métrica, uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y activistas comunitarios. Aunque estas condiciones no son nuevas—el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) contabilizó 11 asesinatos entre 1994 y 2000, y bajo el régimen del PRI los periodistas enfrentaron acoso e intimidación con frecuencia—en años recientes el ritmo de la violencia ha sido extremo. Entre 2006 y 2010 el CPJ contabilizó 35 asesinatos, con 73 más ocurridos en la última década. Un porcentaje sustancial de estos casos es de periodistas cuyo trabajo se enfocaba en cuestiones locales triviales: pavimentado, alumbrado público, recolección de basura. Tal vez por ello, y sin ser sorprendente, Artículo 19 ha encontrado que aproximadamente la mitad de las agresiones contra periodistas derivan de servidores públicos y fuerzas de seguridad, no del crimen organizado.

Las dimensiones políticas de estos casos son frecuentemente claras. Moisés Sánchez amasó un grupo de seguidores en Medellín de Bravo, Veracruz al denunciar la gobernanza municipal que dejaba mucho que desear por medio de mantas, transmisiones desde un megáfono instalado en un auto y redes sociales. Retar a las autoridades por el crimen, la falta de pago de pensiones, y promesas de campaña incumplidas supuso un conflicto con políticos ambiciosos y Sánchez tenía una relación tensa con el alcalde Omar Cruz Reyes. Después de que el periodista fuera secuestrado y asesinado en 2015, las investigaciones vincularon a Cruz Reyes con el asesinato y con la policía local como presuntos responsables. No obstante, el caso continúa sin respuestas y el partido de Cruz Reyes, el PAN, sigue ejerciendo el poder en el municipio, un bastión en un estado de elecciones cerradas. Conforme se acercan las elecciones de 2021, por lo menos un candidato de la oposición a la alcaldía de Medellín de Bravo ha sido atacado y otro ha sido amenazado.

Este tipo de violencia política es tan corrosiva para la democracia como lo son los asesinatos de candidatos o servidores públicos. El hecho de que sea perpetrada por actores políticos enfatiza que las dimensiones simbólicas están entretejidas con motivos materiales. Dentro de estos ecosistemas locales de violencia, los periodistas y activistas son asesinados no porque representen una amenaza directa al control fiscal, por ejemplo, sino porque el exhibir la corrupción pone en peligro la legitimidad conferida por las elecciones. En este sentido, una perspectiva de largo plaza y más amplia genera lecciones importantes.

Al mismo tiempo, el incremento en la violencia dirigida hacia activistas y periodistas se ha empalmado sin duda con el incremento de la violencia criminal, sugiriendo que cambios fundamentales en las dinámicas de la política local han ocurrido desde el inicio de la guerra contra las drogas. Pero estos cambios tampoco pueden atribuirse únicamente al crimen organizado: la combinación de redes sociales y mayor competencia electoral crean un ambiente inestable. Este proceso de apertura política está plagado de tensiones, y en muchas regiones, sigue incompleto. Vale la pena recordar que la alternancia política no ocurrió en Veracruz sino hasta 2016.

Consecuencias

Una visión más amplia de los orígenes y víctimas de la violencia política también contribuye a entender sus consecuencias. Conflictos durante la transición democrática no eran una moraleja: la represión a actores de la oposición no debe obscurecer que muchos actores de la oposición eran miembros de grupos políticos locales que habían visto sus ambiciones electorales frustradas y, al desertar del PRI, no dejaron de lado prácticas violentas. Es decir, medir el efecto de la violencia política es complicado precisamente porque su omnipresencia lo vuelve un ejercicio teórico.

Puede ser que los asesinatos generalizados de candidatos y servidores públicos son, desde una perspectiva histórica, una tendencia pasajera; la presencia de la violencia en la política local, no lo es. Una reducción en los atentados contra los funcionarios puede resultar de varios cambios en el comportamiento del crimen organizado o de patrones de negociación y comunicación, pero no es una medida, en sí misma, del avance de la consolidación democrática.

En cambio, una conceptualización de largo aliento de la violencia como un recurso político, y su uso contra líderes comunitarios y quienes abogan por la transparencia, significa que el reto es mayor fuera de los ciclos electorales. Las y los candidatos elegidos, estén o no vinculados con el crimen organizado, tienen incentivos considerables de entregar beneficios tangibles a su base. De igual forma, los grupos de crimen organizado generalmente intentan cultivar y mantener una base social. El riesgo para la democracia y la gobernanza está menos vinculado con el desvío de recursos municipales hacia los bolsillos de los criminales una vez que comienzan sus funciones que si continúan con sus prácticas de violencia política con impunidad más allá del 6 de junio.