Caso Lucero Sánchez López

Fue reina del Carnaval de Cosalá, un Municipio de 2 mil kilómetros cuadrados y apenas 16 mil habitantes. Después de eso, a los 23 años llegó a ser la diputada más joven de Sinaloa apoyada por la coalición de PAN y PRD en acuerdo común con el Partido Sinaloense, elegida en 2013.

Su carrera política fue corta: ser diputada fue su primer y único puesto. Antes solo había sido reina del carnaval de Cosalá.

Hoy Lucero Sánchez López está detenida en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego, en Estados Unidos, acusada de conspiración con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas y lavado de dinero. Aunque su detención fue fortuita: quiso entrar a Estados Unidos sin saber que su visa estaba cancelada.

En el expediente estadounidense, un informante de la organización “Cártel de Sinaloa” declaró al Departamento de Seguridad Interna de EU que la sinaloense estaba con Joaquín Guzmán Loera cuando marinos estuvieron a punto de arrestarlo en Culiacán. Eso ocurrió el 17 de febrero de 2014, pero escapó por un túnel.

En ese mismo expediente se describió a Sánchez como una mujer que se jactaba de ser novia del capo y lo frecuentaba en el Penal de Almoloya con un nombre falso, el de Devany Vianey Villatoro Pérez, según datos de la Fiscalía General de la República.

La noche del 7 de julio de 2013, cuando Lucero Sánchez se enteró que había sido elegida como diputada local en Sinaloa hubo fiesta en Cosalá, pero ninguno de los partidos que arroparon su candidatura se adjudicaron su postulación. Prácticamente llegaba como una política independiente, aunque ya en el Congreso se le instaló en el grupo parlamentario del PAN.

El proceso electoral de Sánchez López fue histórico, pues de pronto una "desconocida" logró obtener la segunda votación más abultada en la historia de ese Municipio. El órgano electoral contabilizó 4 mil 167 votos, el 33 por ciento de las personas registradas en el padrón electoral de Cosalá.

El diario Noroeste documentó el 29 de enero de 2016 que la campaña de Sánchez López pudo haber sido auspiciada por Guzmán Loera, luego de obtener testimonios anónimos de pobladores sobre la posible relación con él. Nadie en ese municipio se atreve a hablar abiertamente de ese vínculo.

Versiones anónimas señalan que Sánchez López trabajó desde muy joven en la sierra madre occidental. Su labor era estar en la cocina para hacer tortillas a mano a personas que trabajaban en el campo, sembrando mariguana y amapola, donde conoció al líder del Cártel de Sinaloa, quien la habría apoyado para su campaña a candidata como reina del Carnaval de Cosalá.

La FGR documentó distintas reuniones entre Guzmán Loera y la legisladora y que, incluso, acudió a una fiesta en casa de su hermana.

Llamadas interceptadas en septiembre de 2013 a miembros del "segundo círculo" de Guzmán Loera, presentadas en su juicio en 2017, también permitieron detectar la participación de Sánchez López y su hermana en al menos dos operaciones para manejar dinero del narcotráfico, una por 500 mil dólares y la otra por 380 mil pesos.

En estas operaciones, la ex diputada local usaba el nombre clave Piedra, mientras que su hermana era conocida como Caro.

La mujer que llegó a ser la diputada más joven en la Cámara de Sinaloa aceptó todos los cargos en su contra, testificó contra Guzmán Loera y negoció una reducción en su pena con el gobierno de Estados Unidos.

Violencia política advertida

La empresa Etellekt Consultores señaló en su Tercer Informe de Violencia Política en México 2021 que en Sinaloa tiene el riesgo en este proceso electoral de tener un alto número de casos de violencia.

En casos más graves, se indicó, podría tenerse el asesinato de políticos o políticas, sobre todo con aquellos que se sostienen como opositores al poder político en turno, en este caso el PRI.

Por ejemplo, el asesinato de José Carlos Trujillo García, regidor del Partido del Trabajo por Navolato cuando recién salía de la presidencia municipal el 10 de noviembre de 2020. El edil de 30 años había salido del edificio de la Presidencia Municipal, caminó unos metros hasta donde había dejado su automóvil, detrás de la iglesia San Francisco de Asís, ubicado entre las calles José María Morelos y Antonio Rosales en el Centro. Al llegar un sujeto se emparejó con otro vehículo y le disparó a quemarropa.

La Secretaría de Seguridad Pública ha puesto focos de atención en el mapa político del Estado, sobre todo en el área serrana.

El Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, señaló a Concordia, Rosario, Cosalá, Culiacán, Badiraguato, Sinaloa y Choix como municipios propensos a tener conflictos entre grupos criminales.

Como antecedente, recordó que entre el 24 y 25 de marzo de 2020 grupos criminales asesinaron a Luis Alberto Monárrez, ex policía que era candidato a síndico municipal en Tepuche, al norte de Culiacán, por Morena. Al siguiente día fue asesinado Jovel Pérez Meza, comandante de Policía Municipal adscrito a esa sindicatura.

La violencia se sostuvo en esa región al norte de Culiacán, y el 24 de junio en Bagrecitos, un pueblo perteneciente a la sindicatura de Tepuche, fueron asesinadas 16 personas de una forma grotesca: Hubo hombres que fueron mutilados y decapitados, algunos más fueron heridos con balas y murieron desangrados.

Dos de esas personas viajaban en su motocicleta de un pueblo hacia otro, después de haber dado de comer al ganado, pero se encontraron con los hombres armados y terminaron siendo víctimas de un ataque organizado, de acuerdo con las autoridades, por confrontaciones internas de la organización “Cártel de Sinaloa”.

Las siete amenazas

En un mes de campaña electoral, la violencia se convirtió en uno de los factores principales para inhibir a candidatos y candidatas.

Las autoridades electorales confirmaron siete denuncias por parte de candidatas y candidatos en Salvador Alvarado, Navolato, Culiacán, Mazatlán, Concordia y Escuinapa.

“Hemos tenido siete denuncias, principalmente amenazas o de la presencia de gente armada que inhibe la acción de diferentes candidatos”, agregó Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad en Sinaloa.

De acuerdo con los equipos de campaña de Morena, Movimiento Ciudadano y Redes Sociales Progresistas, parte de esas denuncias corresponden a ataques contra estructuras territoriales y candidatos de esos organismos.

En Sinaloa hay un operativo que se creó en zonas serranas con motivo de resguardo de personas en territorios con alta incidencia criminal para evitar confrontaciones en el proceso electoral, sobre todo en el sur de Sinaloa, donde se observó un efecto de desplazamiento de grupos criminales.

Esos desplazamientos han generado enfrentamientos, donde militares y policías estatales han sido atacados y heridos.

A partir de esa premisa se inició un operativo especial que ha dejado una veintena de personas detenidas y el asesinato de Joel Ernesto Soto, jefe de la Policía Estatal, quien conducía por la carretera en su vehículo sin una sola insignia para tratar de pasar desapercibido.

El ataque se dio a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública con un breve mensaje, sin dar mayor detalle a un ataque por grupos armados.

Esa violencia es la otra cara de la moneda de la participación criminal en las elecciones.

¿Cuánto vale un voto? se le pregunta al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES). Lo mismo que cualquier otro, responden. ¿Pero si es de un líder de un grupo criminal? lo mismo, en la lógica de que sigue siendo uno. Pero esa lógica no es la misma que se encuadra en política sinaloense.

En este estado, la vida política va de la mano con la económica, la social y la criminal. Ese orden fue establecido según la apropiación del territorio por personas y grupos armados en búsqueda de control oficial.